Los concursos de personas físicas han aumentado considerablemente según un informe reciente publicado por el Consejo General del Poder Judicial. Según esta publicación, la Ley de Segunda Oportunidad es uno de los procedimientos legales que se han visto más afectados este año por el impacto del confinamiento y la crisis sanitaria que estamos viviendo.
El total de procedimientos iniciados en los Juzgados de lo Mercantil y en los Juzgados de Primera Instancia durante el tercer trimestre de este año, ha alcanzado la cifra de 3.649, de los cuáles la mitad, correspondieron a personas físicas, no empresarios. Ello implica un incremento de 63,4% de los concursos de personas físicas presentados con respecto al año anterior.
Desde Deudafix, prevemos que estos porcentajes aumentarán significativamente durante el año 2021 y 2020, provocando dificultades en la gestión por parte de las Notarías y los Juzgados, cuya intervención es imprescindible según la actual normativa, para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Adicionalmente, esta situación se verá dificultada por los efectos generados por la crisis del COVID-19.
La solución a este problema sería un cambio legislativo que permita aliviar las dificultades generadas por el aumento del volumen de las solicitudes para gestionar este mecanismo, así como, un cambio procedimental enfocado a reducir la necesidad de intervención del Notario en la fase extrajudicial o bien, más flexibilidad respecto a la elección por parte del cliente del Notario que considere, sin obligación de gestionarlo en aquellas Notarías pertenecientes a su domicilio.
Podríamos adoptar modelos de otros países europeos que han solventado el colapso judicial y administrativo derivado de los grandes volúmenes generados por este tipo de procedimientos, otorgando mayores competencias a empresas similares a Deudafix, que actúan en calidad de mediadores entre los acreedores y los deudores, sin necesidad de la intervención de otros profesionales ajenos, como el Notario o administrador concursal en el proceso.
En Inglaterra se tramitan una media de 100.000 concursos de personas físicas anuales; en caso de que alcancemos esta cifra en España, el cambio legislativo y procedimental mediante una ampliación de las competencias de empresas como la nuestra sería la única solución para abarcar su gestión evitando un colapso administrativo y judicial.
